Ciertamente, la respuesta no es simple y, si quiere adecuarse a la realidad y estar formulada desde los intereses generales, hay que introducir en ella matices y excepciones.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de enero una propuesta para elevar la edad de jubilación a los 67 años. Desde el año 1919 está edad se situaba en los 65 años. La finalidad de esta decisión es hacer económicamente viable el futuro del sistema público de pensiones. En este artículo intentaremos reflexionar sobre algunos elementos que nos permitan responder a la pregunta: ¿es razonable jubilarse a los 67 años?
Ciertamente, la respuesta no es simple y, si quiere adecuarse a la realidad y estar formulada desde los intereses generales, hay que introducir en ella matices y excepciones. Sin embargo, ya avanzo de entrada que, a mi parecer, hay más razones para estar a favor de la propuesta del Gobierno que para estar en contra.
Por supuesto, comprendo que otros piensen lo contrario y quizás, si sus argumentos son convincentes, modifique mi posición. En todo debate sobre cuestiones sociales lo importante no es que te den la razón sino, mediante consistentes argumentaciones, alcanzar la solución más equitativa que permita conciliar los derechos de todos. Por ello me han sorprendido las poco razonadas respuestas de portavoces de sindicatos y partidos, así como de sectores de la opinión pública, que inmediatamente han considerado sin más que se trata de una medida contraria a los intereses de los trabajadores. No lo veo tan claro. Permítanme algunas consideraciones.
El principal argumento a favor de retrasar la edad de jubilación está basado en constatación obvia. Por un lado, la entrada de jóvenes en el mercado laboral es cada vez más tardía, debido sobre todo a que cada vez son más quienes cursan estudios en la universidad o en la formación profesional. Por otro lado, también es una evidencia que la vida de las personas se alarga cada vez más, situándose en la actualidad, como promedio, alrededor de los 80 años. Si tenemos en cuenta ambos factores, fácilmente llegamos a una conclusión: las aportaciones de los trabajadores a las arcas públicas disminuyen y, por el contrario, aumenta con extraordinaria rapidez el número de beneficiarios de las pensiones de jubilación. Por tanto, el sistema tiende a hacerse económicamente insostenible y es cada vez mayor el riesgo de déficit en la seguridad social.
Si solamente se tuviera en cuenta este argumento sería muy difícil refutar la conveniencia de aumentar la edad de jubilación, desde luego más justa que disminuir las exiguas cantidades que perciben los pensionistas. De ahí que resulte imprescindible introducir ciertas matizaciones a esta solución.
En primer lugar, antes de elevar la edad de jubilación hay que poner fin a las escandalosas prejubilaciones – algunas a los cincuenta o pocos más años - que han servido para salvar empresas y que constituyen auténticos despidos encubiertos con cargo a fondos públicos que se nutren con el dinero de todos. Ciertamente, si hubieran sido despidos reales también el coste sería público al aumentar el número de parados que deberían recibir el subsidio de paro. Pero el balance final entre prejubilaciones y despidos supone siempre un mayor dispendio público. Así lo indica que, a pesar de que la edad legal de jubilación sea a los 65 años, el promedio de quienes se jubilan es de 62,5 años: una diferencia excesiva. Algunas jubilaciones anticipadas están justificadas, muchas otras no.
En segundo lugar, también debería preceder a elevar la edad de jubilación una reforma laboral que redujera el empleo temporal, hoy casi un tercio del total, dado que estos contratos laborales precarios aportan muy poco a los fondos de la seguridad social.
En tercer lugar, deben tenerse en cuenta determinadas excepciones en sectores laborales que, por razones de riesgo o de desgaste físico o psíquico, justifican que se les rebaje la edad de jubilación: desde mineros, bomberos y albañiles hasta profesores de primaria y secundaria o enfermeros en hospitales, por señalar algunos ejemplos. En cambio, en otros sectores, se debería alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años, siempre que voluntariamente optaran a ello, dado que en ciertas profesiones la capacidad física y psíquica se mantiene y la experiencia es un plus para la eficacia en su trabajo.
Por tanto, a mi modo de ver, está justificado alargar la vida laboral en dos años siempre que se tengan en cuenta estas excepciones y estos matices. Y, en todo caso, el debate está ahí. Se trata de una materia que nos afecta a todos y que todos podemos entender si se nos explican la razones de cada posición. Y estas razones, por supuesto, deben argumentarse desde los intereses generales. El sistema de pensiones de jubilación responde a un interés puramente individual: mientras estamos en edad laboral cotizamos para poder sostenernos económicamente cuando ya no estemos en disposición de trabajar. Pero este sistema también es un ejemplo de solidaridad, de solidaridad entre generaciones. Interés individual y solidaridad se combina.
Quizás, en general, estamos demasiado acostumbrados a exigir derechos y a no hacernos cargo de los deberes que estos derechos comportan. En este caso, no tenemos el derecho a jubilarnos a una determinada edad sino que tenemos el derecho a una pensión suficiente siempre que ésta sea viable también para quienes nos sucedan. O lo que es lo mismo: tenemos el deber de hacer sostenible para el futuro un sistema, como mínimo, semejante – aunque no sea idéntico - al que ahora disfrutamos.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.)
